MOCIÓN MANIFIESTO LENGUA COMÚN

El pasado lunes, día 28, presenté por registro una moción de adhesión al manifiesto en defensa de una lengua común en España impulsado por un grupo de intelectuales. La propuesta de llevar esto a Pleno nos vino por carta a los cinco grupos municipales de la mano de dos alhameños pertenecientes al nuevo partido UPyD. No me importa que alguien pueda pensar que le estoy haciendo el juego político al partido de Rosa Díez porque no es así. Una vez recibida esta propuesta investigué por mi cuenta y recabé toda la información disponible sobre este manifiesto, llegando a la conclusión de que lo que en él se dice es algo muy razonable y defendible desde cualquier opción política democrática. Por tanto decidí llevar esta propuesta a Pleno en forma de moción.
Puedo entender que no se me haya incluído en el orden del día de este Pleno alegando que ha llegado muy tarde. Pero lo que no entendería será que no fuese en el próximo Pleno de septiembre. Espero que nuestro alcalde, de profesión policía nacional, reconsidere que todos los sindicatos de la policía y la guardia civil se han sumado a este manifiesto.
TEXTO DE LA MOCIÓN:
El aislamiento al que algunos gobiernos autonómicos están sometiendo al castellano, lengua oficial del Estado, ha llevado a un grupo de intelectuales españoles a impulsar un manifiesto, presentado hace poco en el Ateneo de Madrid, que reclama a los políticos que garanticen el derecho y el deber de todos los ciudadanos a aprender el castellano y usarlo en sus comunicaciones privadas y públicas.
Aunque es cierto que algunos de ellos están vinculados al nuevo partido de UPyD, no es menos cierto que entre todos representan el espectro ideológico-politico español al completo. Además del apoyo individual manifestado por numerosas personalidades del mundo de la cultura y el deporte a este manifiesto se han sumado desde cadenas de televisión como Tele 5 hasta todos los sindicatos de la policía y la guardia civil.
El manifiesto parte, dicen, "de una inquietud estrictamente política" sobre el papel del castellano "como lengua principal de comunicación democrática en este país" y "los derechos educativos y cívicos de quienes la tienen como lengua materna o la eligen con todo derecho como vehículo preferente de expresión y comunicación.

Por todo lo anterior este portavoz tiene a bien presentar la siguiente moción de adhesión a este manifiesto que dice así:
1. Todas las lenguas oficiales en el Estado son igualmente españolas y merecedoras de protección institucional como patrimonio compartido, pero sólo una de ellas es común a todos, oficial en todo el territorio nacional y por tanto sólo una de ellas -el castellano- goza del deber constitucional de ser conocida y de la presunción consecuente de que todos la conocen. Es decir, hay una asimetría entre las lenguas españolas oficiales, lo cual no implica injusticia de ningún tipo porque en España hay diversas realidades culturales pero sólo una de ellas es universalmente oficial en nuestro Estado democrático. Y contar con una lengua política común es una enorme riqueza para la democracia, aún más si se trata de una lengua de tanto arraigo histórico en todo el país y de tanta vigencia en el mundo entero como el castellano.

2. Son los ciudadanos quienes tienen derechos lingüísticos, no los territorios ni mucho menos las lenguas mismas. O sea: los ciudadanos que hablan cualquiera de las lenguas cooficiales tienen derecho a recibir educación y ser atendidos por la administración en ella, pero las lenguas no tienen el derecho de conseguir coactivamente hablantes ni a imponerse como prioritarias en educación, información, rotulación, instituciones, etc... en detrimento del castellano (y mucho menos se puede llamar a semejante atropello «normalización lingüística»).3. En las comunidades bilingües es un deseo encomiable aspirar a que todos los ciudadanos lleguen a conocer bien la lengua cooficial, junto a la obligación de conocer la común del país (que también es la común dentro de esa comunidad, no lo olvidemos). Pero tal aspiración puede ser solamente estimulada, no impuesta. Es lógico suponer que siempre habrá muchos ciudadanos que prefieran desarrollar su vida cotidiana y profesional en castellano, conociendo sólo de la lengua autonómica lo suficiente para convivir cortésmente con los demás y disfrutar en lo posible de las manifestaciones culturales en ella. Que ciertas autoridades autonómicas anhelen como ideal lograr un máximo techo competencial bilingüe no justifica decretar la lengua autonómica como vehículo exclusivo ni primordial de educación o de relaciones con la Administración pública. Conviene recordar que este tipo de imposiciones abusivas daña especialmente las posibilidades laborales o sociales de los más desfavorecidos, recortando sus alternativas y su movilidad.

4. Ciertamente, el artículo tercero, apartado 3, de la Constitución establece que «las distintas modalidades lingüísticas de España son un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección». Nada cabe objetar a esta disposición tan generosa como justa, proclamada para acabar con las prohibiciones y restricciones que padecían esas lenguas. Cumplido sobradamente hoy tal objetivo, sería un fraude constitucional y una auténtica felonía utilizar tal artículo para justificar la discriminación, marginación o minusvaloración de los ciudadanos monolingües en castellano en alguna de las formas antes indicadas.

Por todo lo expuesto este grupo propone al Pleno Municipal del Ayuntamiento la adopción del siguiente:

ACUERDO

-Que el Ayuntamiento de Alhama de Murcia, como representante de todos sus vecinos y vecinas, se adhiera a lo expresado en este manifiesto con el fin de solicitar del Parlamento español una normativa legal del rango adecuado para fijar inequívocamente los siguientes puntos:

1. La lengua castellana es COMUN Y OFICIAL a todo el territorio nacional, siendo la única cuya comprensión puede serle supuesta a cualquier efecto a todos los ciudadanos españoles.

2. Todos los ciudadanos que lo deseen tienen DERECHO A SER EDUCADOS en lengua castellana, sea cual fuere su lengua materna. Las lenguas cooficiales autonómicas deben figurar en los planes de estudio de sus respectivas comunidades en diversos grados de oferta, pero nunca como lengua vehicular exclusiva. En cualquier caso, siempre debe quedar garantizado a todos los alumnos el conocimiento final de la lengua común.

3. En las autonomías bilingües, cualquier ciudadano español tiene derecho a ser ATENDIDO INSTITUCIONALMENTE EN LAS DOS LENGUAS OFICIALES. Lo cual implica que en los centros oficiales habrá siempre personal capacitado para ello, no que todo funcionario deba tener tal capacitación. En locales y negocios públicos no oficiales, la relación con la clientela en una o ambas lenguas será discrecional.

4. LA ROTULACION DE LOS EDIFICIOS OFICIALES Y DE LAS VIAS PUBLICAS, las comunicaciones administrativas, la información a la ciudadanía, etc... en dichas comunidades (o en sus zonas calificadas de bilingües) es recomendable que sean bilingües pero en todo caso nunca podrán expresarse únicamente en la lengua autonómica.5.. LOS REPRESENTANTES POLITICOS, tanto de la administración central como de las autonómicas, utilizarán habitualmente en sus funciones institucionales de alcance estatal la lengua castellana lo mismo dentro de España que en el extranjero, salvo en determinadas ocasiones características. En los parlamentos autonómicos bilingües podrán emplear indistintamente, como es natural, cualquiera de las dos lenguas oficiales.